domingo, 26 de junio de 2011

Para oir el discurso "NO es posible" del Lic. Daniel Hernandez Isais(qepd) y para ver mas informacion haz click en "entradas antiguas" al final de la pagina tantas veces como sea necesario,o lo puedes oir en youtube directamente en: http://www.youtube.com/watch?v=hZLNx6ofsx4. Tambien puedes encontrar: La denuncia contra el gobierno de Rogelio Montamayor Seguy por las graves irregularidades que hubo en el avionazo de Tacsa, el corrido de Daniel y la carta de la esposa del piloto del avion accidentado entre otras cosas mas, GRACIAS.
























La placa de Marisela y la desobediencia civil
Javier Sicilia
19 de junio de 2011 · Revista Proceso 1807


A quienes fuimos y vivimos el consuelo.

A lo largo de la Caravana del Consuelo por la Paz y la Justicia, muchos dolores –signos ominosos de la inseguridad, la injusticia y la impunidad que reina en nuestra clase política– se fueron sumando al consuelo. Esos dolores hicieron que en Chihuahua colocáramos, en un acto de desobediencia civil y como lo hicimos en Cuernavaca con nuestros muertos, una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno con el nombre de Marisela Escobedo, la luchadora por los derechos humanos que fue asesinada a las puertas del mismo palacio, después de que el victimario de su hija fuera liberado. La placa, a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados en esa entidad, es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija y a cientos de víctimas y de familias destruidas la justicia que merecen. Es también un recordatorio a los ciudadanos de que eso no debe suceder ya en nuestro país.

El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).

Ciertamente rompimos el “mosaico” de la entrada y pegamos con cemento y tornillos la placa en memoria de Marisela; ciertamente también violamos las regulaciones de ese edificio público (y si el gobernador quiere encarcelarnos estamos dispuestos, nosotros no creemos en el cinismo). Lo que, sin embargo, olvida la secretaria es que no habríamos violentado esa ley si el propio gobierno hubiera, como es su responsabilidad primera, cuidado la integridad de Marisela y de su hija Rubí, y si después de los amargos sucesos, frutos de su irresponsabilidad, hubiera hecho ya la justica que la muerte de esa madre y de esa hija reclaman a través nuestro. La secretaria de Gobierno –preocupada más por el “mosaico” de la entrada del inmueble, propiedad del estado, es decir, de los ciudadanos, que por el feminicidio de esas dos mujeres y la impunidad del crimen– olvida también que en la escalinata de ese mismo lugar hay una placa de cantera que rememora el atentado al gobernador Patricio Martínez. ¿Allí –porque se trataba de un gobernador y de un hombre– no se violó la normatividad? Con esa actitud de desprecio por los ciudadanos y la justica que legítimamente reclamamos, la funcionaria da una señal de lo que tanto criticamos: las autoridades no sólo continúan creyendo que su tarea es defender a las instituciones y no a la ciudadanía, sino también que las instituciones y el gobierno son lo mismo, y que éste tiene privilegios –en este caso, negarse a aceptar su responsabilidad en los crímenes de Marisela y de Rubí– que deben proteger por encima de los ciudadanos. Con ello, la secretaria de Gobierno no sólo muestra su ignorancia política, sino su insensibilidad y su desprecio frente al dolor que padece la gente de su entidad. Su actitud es tan criminal como lo sería el acto de quitar la placa que los ciudadanos decidimos colocar en el centro mismo del crimen.

Si el gobernador del estado la quita, mostrará su complicidad con el crimen; si no hace justicia a Marisela y a los cientos de crímenes que permanecen dormidos en la procuraduría, lo mostrará también, y nosotros iremos otra vez a Chihuahua a colocarla de nuevo hasta que entiendan, hasta que cambien su conducta, hasta que se haga justica y cumplan con su deber.

Con la placa de Marisela, que se agrega a las placas que en Cuernavaca hemos ido colocando también en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos hemos iniciado el memorial del dolor, el memorial de nuestros muertos que claman justicia y que gritan desde el silencio que debemos conquistar la paz para que este horror no vuelva a sucedernos nunca. Sus nombres, que revelan la inhumanidad en la que los criminales y la incapacidad de los gobiernos nos han sumido, son un recordatorio de esa justicia que les deben y nos deben, y de la paz que les arrancaron y nos arrancaron.

Los ciudadanos, que cargamos con miles de dolores, desobedeceremos en la medida en que el gobierno no cumpla con su deber. Si los gobiernos no fundan un orden basado en la seguridad, la justicia y la paz, los ciudadanos no cooperaremos con ellos para recordarles su deber. Si eso implica la cárcel, iremos a ella, pero no traicionaremos la justicia y la dignidad que reclamamos y nos corresponden por el simple y único hecho de existir.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón.

miércoles, 22 de junio de 2011

Carta de la Esposa del Piloto del avion accidentado el 31 de octubre de 1995 en Piedras Negras, Coahuila

Torreón, Coah. 18 de octubre de 2009

A QUIEN CORRESPONDA:
Soy la Lic. Laura Margarita García Peña, esposa y viuda del Cap. Luis Manuel Cortinas Agüero, piloto del vuelo 107 de la compañía TACSA accidentado el 31 de octubre de 1995.
Después de ya casi 14 años del accidente acabo de leer la carta que subieron a internet, parece mentira que sean tantos años, y sobre todo que no hubiera yo tenido la oportunidad de leer este documento, pero he tenido que esforzarme en salir adelante con mis hijos y esto ha ocupado el 90 por ciento de mi tiempo.
Creo que por cuestiones del destino tuve la oportunidad de leer este mensaje, el mes de octubre representa para nosotros (mis hijos y yo) mucho dolor y añoranza; mis hijos (Ana Laura y Luis Manuel) después del accidente en el que falleció su padre no han vuelto a celebrar Halloween (mi hija tenía 10 años y mi hijo 8), y el 31 de octubre de cada año es un día deprimente para todos nosotros; yo he tratado de salir adelante y lo he logrado con muchas penurias, mis dos hijos ya son profesionistas, Ana Laura es Lic. En Educación Básica (maestra de primaria) y Luis Manuel es Arquitecto.
Yo me quedé con muchas interrogativas, y leyendo su escrito coincido en muchas cosas, sí hubo muchas irregularidades en este asunto. Para comenzar, el plan de vuelo nunca apareció, y mi esposo era un hombre que nunca pondría en riesgo a sus pasajeros. También recibí una llamada en la que me informaban que el Cap. Cortinas había llamado a la compañía avisando que todos estaban bien y que iban caminando a Piedras Negras, sin embargo, también pensé “ si está bien, habría llamado a la casa para tranquilizarnos”;
También sé que los aviones no tenían el mantenimiento necesario y que ese vuelo no le tocaba a mi esposo pero, iba a suplir a otro piloto que en su momento lo apoyó para que él fuera a presentar un examen en Aerocalifornia, y lo que son las ironías de la vida, después de varias semanas del accidente se comunican telefónicamente a la casa de parte de esta empresa informando que el Cap. Cortinas debía presentarse, pues había acreditado el examen.
Obviamente las autoridades de aeronáutica deslindaron la responsabilidad absoluta en mi esposo, el informe decía “ERROR HUMANO”, no estuve de acuerdo y sigo estando en desacuerdo, pero ya no quiero mortificarme con esto y tampoco quiero que mis hijos sufran por este dictamen. Ellos conocieron a su padre como un excelente profesionista y están enterados de todos los “dimes y diretes”.
Quiero externar que me siento abrumada y dolida por todas las personas que fallecieron en el accidente, pero, también quiero que sepan que mi esposo no quería morir, tenía 35 años y estaba en la flor de su vida ¿qué pasó? no lo sé, y esto me ha atormentado todos estos años, sin embargo, la vida sigue y aunque la herida está latente hay que seguir adelante.
Me atreví a escribir este mensaje para que todas las familias que perdieron a sus seres queridos en este fatal accidente sepan que comparto su dolor profundamente y que mi esposo no fue el responsable, hay muchas situaciones que me hieren, como el saber que la compañía no me habló para informarme, a pesar de que estuvimos hablando por teléfono para saber que había pasado, pues en la radio ya estaban informando de un “accidente aéreo en Piedras Negras” y ya hablaban de 9 muertos y 2 sobrevivientes, y la única respuesta fue “no estamos enterados de ningún accidente” o “no sabemos nada”.
Espero que esta misiva pueda llegar a todas las familias afectadas y que el profesionalismo de mi esposo no quede en duda.

ATENTAMENTE
LIC. LAURA MARGARITA GARCÍA PEÑA

viernes, 6 de mayo de 2011

suprema corte de justicia





Piden a Corte atraer el caso Rubí Frayre

María de la Luz González

MÉXICO, D.F., mayo 6, 2011(EL UNIVERSAL).- El ex defensor público de Sergio Barraza Bocanegra, presunto asesino de Rubí Frayre Escobedo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para revisar el caso de Barraza.

Joel Meneses Hernández pidió a la Corte revisar el amparo directo contra la sentencia de 50 años de prisión por homicidio que se dictó a Barraza Bocanegra en ausencia, con el argumento de que las características jurídicas excepcionales del caso permitirían al máximo tribunal pronunciarse sobre diversos aspectos del sistema de juicios orales.

La solicitud se encuentra en trámite en la Primera Sala de la Suprema Corte, pero debido a que el defensor carece de legitimación para solicitar la atracción del expediente, el 6 de abril el ministro presidente de la sala, Arturo Zaldívar, puso el caso a consideración de sus colegas para determinar si alguno quiere hacer suya la petición de dicho proceso.

El abogado Joel Meneses Hernández fue suspendido por la Coordinación Regional de Defensoría Pública del Gobierno estatal, por promover, sin autorización de sus superiores, el amparo directo contra la condena que dictó a Barraza la Sala Colegiada de Casación del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, en segunda instancia.

Barraza Bocanegra se dio a la fuga luego de ser absuelto del asesinato de su ex pareja en primera instancia, por tres jueces de proceso oral de Chihuahua que renunciaron a sus cargos tras el escándalo generado por su resolución y el homicidio de Marisela Escobedo, madre de Rubí.

Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua donde mantenía un plantón de protesta en demanda de justicia.

El amparo se admitió a trámite el 18 de febrero pasado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, que lo envió el 28 de marzo al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en la capital del estado.

El abogado Meneses Hernández argumentó que la Suprema Corte de Justica de la Nación podría interpretar directamente los principios de inmediación y contradicción, previstos en la reforma constitucional de junio de 2008, que estableció los juicios orales como nueva modalidad de procesamiento penal en México.

viernes, 8 de abril de 2011

Libera Inmigración de EU a Juan Manuel Frayre, hijo de Marisela Escobedo

El joven pidió asilo político en ese país tras haber sido amenazado de muerte durante el funeral de su mamá en Ciudad Juárez.


Rubén Villalpando, corresponsal
Publicado: 08/04/2011 09:16


Ciudad Juárez, Chih. La Oficina de Aduana e Inmigración de los Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas, dejó libre a Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo de la activista Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, luego de haber sido asegurado tras solicitar asilo político.

La información sobre la libertad de Juan Manuel fue difundida por familiares del joven, quienes explican que “seguirá el proceso de obtener el asilo político en libertad, tras 110 días de haber sido detenido en las instalaciones del Departamento de Migración de los Estados Unidos.”

El joven fue recluido luego de huir de la violencia que azota Ciudad Juárez y tras haber sido amenazado de muerte durante el funeral de su mamá en Juárez.

Era el único integrante de esta familia que fue detenido el pasado 18 de diciembre cuando se presentó a solicitar el asilo.

El otro hijo de Marisela Escobedo que busca recibir asilo político en Estados Unidos está en contacto con el abogado migratorio de El Paso, Texas, Carlos Spector que los representa.

Según las leyes de migración de Estados Unidos, cualquier extranjero que al internarse a territorio estadunidense diga a las autoridades que quiere refugiarse o asilarse porque teme por su vida en su país, debe ser recluido en un centro migratorio.

Aparte de los dos hijos de Marisela Escobedo, se encuentra con ellos la niña Heidi, hija de Rubí Marisol, a la que mató hace tres años Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien se encuentra prófugo de la justicia y con una sentencia de 50 años de cárcel dictada por un juzgado de casación en ausencia del imputado.

jueves, 17 de marzo de 2011

Caso Rubí: asesinan a familiares de testigo
El testimonio fue clave para acusar al homicida de la joven en Cd. Juárez
Jueves 17 de marzo de 2011 Juan Manuel Cruz Corresponsal | El Universal

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en la colonia 16 de Septiembre; las víctimas eran familiares de un testigo del ministerio público en el homicidio de la joven Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo, quien fue acribillada el año pasado frente al Palacio de Gobierno Estatal mientras pedía justicia.

La noche del martes un comando irrumpió en la vivienda con el número 5709 de Isla Tiburón y mató a los hermanos Cirila y Dámaso Maciel García, y a Luis Ernesto Valle Maciel, de 40, 35 y 21 años de edad, respectivamente. Los sicarios perdonaron la vida a dos bebés, de siete meses y dos años que fueron recogidos por el DIF.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado en la zona norte informó que Luis Ernesto es hermano de un menor que declaró en el juicio contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, acusado de matar a Rubí en 2008.

La dependencia aseguró que no hay relación de esta masacre con la investigación que sigue por el asesinato de la señora Escobedo, el pasado 8 de diciembre frente a palacio de gobierno.

El visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson, coincidió con la postura de la Fiscalía Estatal, al señalar que no hay una vinculación directa entre el homicidio de esas tres personas y el caso de Rubí Marisol, “no es un testigo determinante en el proceso, es posible que este conflicto tenga otro origen”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, porque si hay alguna agresión entendemos que es para amedrentar testigos y después nos quedamos sin testigos en los juicios; no hay amenaza previa por haber declarado como testigo, más bien parece como una agresión contra toda la familia por alguna otra razón”, agregó el derechohumanista.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, afirmó que la Fiscalía no ha distraído su atención para dar con Sergio Barraza, asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, “ya hay avances y se han implementado distintas estrategias”.

Durante su visita a la ciudad de Durango, el mandatario estatal expuso que es una prioridad de su gobierno el atender este asunto y hasta el momento no se ha limitado en ningún esfuerzo, “hay distintas versiones y el gobierno de Chihuahua no descansará hasta detenerlo y el compartir más información en este momento pudiera entorpecer la investigación”.

La declaración del adolescente

Tras la desaparición de Rubí Marisol en agosto de 2008, Marisela, su madre, se dio a la tarea de buscarla.

El 30 de enero de 2009 recibió una llamada clave. Era un adolescente que después, en acordar una cita, le contó que se encontraba con varios chavos cuando Sergio confesó que había matado a Rubí. Les dijo que le disparó con una pistola que encontró con otro hombre. También les contó que quemó el cadáver y lo tiró en “las marraneras”, un basurero donde tiran pedacería de animales muertos. Los amenazó con quebrarlos si decían algo.

El menor de edad declaró en el juicio oral contra Sergio Barraza en el mes de agosto de 2009.
Joven asesinado en Chihuahua sí era testigo en caso Rubí: familiar
La Fiscalía General del estado afirmó que el homicidio de Juan Ernesto Valles y dos de sus familiares, no tenía relación con el caso de Marisela Escobedo, pero aceptó que se trataba del hermano de uno de los testigos del homicidio de la hija de la activista.

México.- El joven asesinado anoche junto con dos familiares en la colonia 16 de Septiembre en Ciudad Juárez, si fungió como testigo en la investigación del asesinato de Rubí Marisol Frayre Escobedo, afirmó este día un familiar de Juan Ernesto Valles.

María de los Ángeles García, quien se identificó como tía de Ángel Gabriel Valles Maciel, aseguró que el joven se cambió el nombre a Juan Ernesto, luego de que atestiguara en la investigación sobre el homicidio de la hija de la activista Marisela Escobedo.

La mujer explicó que su sobrino fue protegido y enviado a otra ciudad de la República por temor a sufrir represalias de parte de Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre.

Ángeles García reiteró que el joven ultimado junto con Cirila y Dámaso Maciel García, se trataba de la misma persona que las autoridades estatales han negado era el testigo del caso Frayre Escobedo.

La Fiscalía General de Chihuahua emitió este día un comunicado en el que aclara que el hoy occiso no tenía relación con el caso de Marisela Escobedo. Sin embargo, en el último párrafo indica lo siguiente:

“Por otra parte, se informa que en la investigación que se realizó con motivo del homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo –hija de Marisela-, aparece como testigo del ministerio público un hermano de Juan Ernesto Valles Maciel, asesinado anoche junto con Cirila y Dámaso Maciel García en la referida colonia 16 de Septiembre de Ciudad Juárez".

En este párrafo la fiscalía acepta que un hermano de Valles Maciel fungió como testigo, sin embargo, la familiar asegura que se trata de la misma persona, hecho que la dependencia estatal no revela.
milenio.com

miércoles, 9 de febrero de 2011



JUICIOS ORALES Y RESISTENCIA AL CAMBIO
Los asesinatos de Rubí Frayre y su madre Marisela Escobedo en Chihuahua motivan la revisión del sistema de juicios orales, pero frenarlos resulta tan incongruente como el juicio político contra los jueces involucrados.
El 17 de diciembre de 2010, los televidentes quedamos impactados por la proyección de las imágenes captadas por una cámara de seguridad a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Con toda claridad se aprecia cómo un peatón se aproxima a una mesa en la que se encontraba la señora Marisela Escobedo y un acompañante. Simultáneamente, un vehículo blanco arriba al mismo punto y hace alto: del vehículo baja un sujeto y encañona a la señora Escobedo, quien, aprovechando que su acompañante distrae al agresor, intenta huir y cruza la calle en un desesperado esfuerzo por salvar su vida. El agresor la sigue y le dispara en la cabeza, dejándola donde cayó, justo al lado del arroyo; vuelve a cruzar la calle, aborda el auto que lo esperaba y desaparece del alcance de la cámara. Posteriormente se supo que el acompañante de la señora Escobedo era su hermano, Héctor Ricardo, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos en espera de la resolución a su petición de asilo político. Héctor Ricardo Escobedo acusa al gobernador de Chihuahua de haber, por lo menos, dejado el camino libre al agresor de su hermana.

LOS HECHOS
La razón del plantón permanente de Marisela en la Plaza Hidalgo era hacer patente su decisión de no abandonar ese lugar público hasta lograr que fuese reaprehendido y encarcelado el homicida de su hija, Rubí Frayre Escobedo, de 16 años, muerta en condiciones insuficientemente aclaradas. Su cuerpo fue descuartizado, semiincinerado y dejado en un basurero clandestino. En virtud de una sentencia de casación, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, único sospechoso y pareja de la víctima, fue sentenciado en ausencia a 50 años de prisión, al ser revocada la sentencia absolutoria de primera instancia, en la cual los jueces del tribunal de sentencia consideraron que el Ministerio Público (MP) no había aportado pruebas suficientes de la culpabilidad del acusado.

Los antecedentes de este homicidio que indignó a la sociedad son conocidos por todo mundo, precisamente por tratarse de una muerte anunciada: días antes la occisa había recibido amenazas que comunicó a las autoridades correspondientes, de las cuales recibió seguridades de protección. Los pormenores de ambos homicidios son ahora ampliamente conocidos y existe unanimidad en el deseo y exigencia de que sean encarcelados sus perpetradores. Asimismo, tras la muerte de la activista se levantaron voces que pidieron que los jueces que pronunciaron la sentencia de primera instancia fuesen cesados y castigados por haber absuelto al presunto homicida de Rubí.

El gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, ordenó, inmediatamente después del asesinato de la señora Escobedo, que los jueces fuesen suspendidos de sus cargos por haber absuelto al presunto homicida de la menor. Los jueces fueron cesados sin darles oportunidad siquiera de argumentar a su favor, además de ordenar que se dejara de pagar su sueldo. Esta fulminante decisión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue para tratar de enmendar una injusticia con otra injusticia, o dar el ejemplo de la forma en que se deben hacer las cosas para satisfacer al Poder Ejecutivo.

La ola de peticiones, ya dentro de lo que abiertamente se convirtió en un intento de linchamiento, fue creciendo al grado de solicitar que se frenara la reforma constitucional en materia procesal penal, mediante la cual se inició la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, mejor conocido como “juicios orales”, con el argumento de que dicho sistema es más protector de los delincuentes que de las víctimas, a pesar de que en infinidad de ocasiones se ha aclarado que las garantías procesales son para un acusado que goza de la presunción de inocencia y que será culpable sólo si así lo establece una sentencia firme.

RETROCESO INCONGRUENTE
Es en este punto donde podemos ubicar la más clara manifestación de la resistencia al cambio. No fue suficiente manifestar justa indignación por el homicidio de la activista y de su hija; tampoco bastó solicitar el castigo de los jueces que absolvieron al presunto homicida de esta última. Se manejó la necesidad de que en el resto de las entidades de la República donde aún no se ha iniciado la aplicación del proceso penal acusatorio, de plano se dejara de avanzar en ese sentido, dado que, según vox populi, el sistema propicia la impunidad. Esto bien puede ser una manifestación de la falta de disposición para modificar las cosas, ya que, como es sabido, el sistema acusatorio tiene como una de sus principales características la transparencia, que obliga a permitir que a las audiencias pueda asistir el público en general y, con ello, enterarse de la actuación de los jueces, la defensa y el MP. En el sistema que actualmente sigue rigiendo en el Distrito Federal y la mayoría de los estados, el expediente es un verdadero misterio, celosamente guardado por los interesados y donde nunca se sabe la forma en que un presunto delincuente es juzgado.

En este contexto, la suspensión de los jueces es altamente preocupante, dado que, para empezar, conforme a las versiones periodísticas que consignan que el gobernador “ordenó” la suspensión de los jueces y dado que, efectivamente, fueron retirados de sus cargos, es de asumirse que se ha violado el principio constitucional de división de poderes, establecido en el artículo 116 de nuestra Carta Magna y en el 31 de la Constitución local. Asimismo, se ha violado gravemente la independencia judicial, disposición con rango igualmente constitucional. Respecto a la afirmación de que el sistema procesal penal acusatorio, actualmente vigente en Chihuahua, entidad federativa pionera en la decisión de realizar las reformas legislativas necesarias para adoptar el sistema acusatorio, debe tomarse en cuenta que, finalmente, el acusado recibió una sentencia de 50 años de prisión, con lo cual queda a salvo la sospecha o afirmación de que el sistema procesal acusatorio propicia la impunidad, aun si en primera instancia fue absuelto el homicida. El propio sistema prevé el recurso de casación, gracias al cual el homicida fue condenado finalmente.

Las opiniones respecto a la conveniencia de frenar o modificar el recientemente implantado sistema acusatorio deben tomarse en cuenta a efecto de revisar si hay aspectos negativos en la operación del mismo, y proceder a corregirlos; sin embargo, habría que recordar que hace poco más de dos años la mayoría de las entidades federativas aprobaron la reforma a la Constitución federal para implantar, en un plazo no mayor de ocho años, el sistema acusatorio en todos los estados de la República. Al respecto, sigue siendo válido el consejo de Sor Juana, quien sentenciara: “Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis”. Si se me permite, cabría otra cita del mismo poema: “Parecer quiere el denuedo/ de vuestro parecer loco/ al niño que pone el coco/ y luego le tiene miedo”. En castellano contemporáneo, ya les asustó la transparencia que promovieron.
Si se quiere un sistema de administración de justicia que sentencie a todo aquél que sea presentado ante los jueces, sin respetar el debido proceso, con tal de que las estadísticas muestren una gran efectividad en la procuración de justicia, será necesario, efectivamente, realizar las reformas debidas para que los jueces sepan que, una vez presentado ante ellos un presunto delincuente, su obligación será condenarlo, o correr el riesgo de ser enjuiciados. Si, por el contrario, lo que se pretende es impartir justicia y lograr que sean sentenciados los culpables y absueltos aquellos a los cuales no se les probó su culpabilidad, el camino no es dar marcha atrás y demoler un sistema que apenas inicia su aplicación en algunas entidades de la República, sino su reforzamiento, luego de un estudio concienzudo de los factores que inciden realmente en sentencias que no satisfacen a la opinión pública por su falta de claridad. Mientras tanto, al menos en Chihuahua y en las otras entidades donde está vigente el sistema penal acusatorio, deben respetarse las reglas del proceso.

MISTERIOS, DUDAS Y AMPAROS
¿Y el supuesto amante de la menor, quien también supuestamente fue el que motivó la furia homicida de su pareja y que resultó muerto junto con ella? Misterios del juicio. Muy probablemente esa y otras dudas deberán ser resueltas durante el transcurso de los próximos meses, una vez que se culmine el proceso de juicio político contra los tres jueces que dictaron la sentencia de primera instancia y cuando se sepa el resultado de los amparos que habrá de resolver la autoridad judicial federal, pues tanto los jueces cesados como la defensa del homicida sentenciado a 50 años de prisión, buscarán la protección de la justicia federal. Habrá que tomar en cuenta que en una controversia constitucional, el máximo órgano de justicia del país resolvió, el 18 de noviembre de 2003, que los juicios políticos en contra de los miembros del Poder Judicial de los estados, por actuaciones derivadas de sus funciones, son improcedentes porque se violenta la independencia de los poderes.

Desde luego, lo deseable es que pronto sean aprehendidos los homicidas, tanto de la menor como de su madre; sin embargo, dado el curso que han tomado los acontecimientos, es de esperarse también que la misma dinámica del juicio político a los jueces suspendidos permita conocer más ampliamente sus argumentos de defensa y que las opiniones de los expertos en materia jurídica ayuden a aclarar muchas dudas que han surgido respecto de la responsabilidad de otras autoridades, principalmente el MP y la policía. Por lo pronto, como un efecto no buscado del inicio del proceso de juicio político a los jueces, se ha manifestado la decisión de acelerar las reformas necesarias para instaurar el Consejo de la Judicatura en Chihuahua, ya que se ha evidenciado la urgencia de que esto se lleve a cabo. Las diversas opiniones vertidas respecto al homicidio de la señora Marisela Escobedo y la decisión del gobernador del estado de hacer responsables a los jueces que dictaron la sentencia absolutoria en primera instancia, han tenido la virtud de mantener la atención de muchos ciudadanos que normalmente no se interesan en lo relacionado con la procuración e impartición de justicia.
REVISIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El 20 de enero de 2011 se llevó a efecto el debate denominado “Caso Chihuahua, la función juris- diccional y el juicio político”. Entre los participantes se contó con la presencia de la señora Isabel Miranda de Wallace, quien preside la organización Alto al Secuestro. Su intervención fue en el sentido de que los gobiernos estatales deben frenar la implantación del nuevo sistema penal acusatorio y privilegiar la capacitación de servidores públicos y magistrados.

Esta opinión podría ser el eje de una revisión de la que bien puede ser la causa primordial de fallas, tanto en la procuración como en la administración de justicia: capacitación. Entre las muchas virtudes que tiene el sistema penal acusatorio, está la que obliga a todos los funcionarios, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, a capacitarse ampliamente, so pena de ser exhibidos o, mejor dicho, exhibir por sí mismos su ignorancia o falta de preparación para tan delicadas funciones, dado que uno de los principios de este sistema, como ya se dijo, es la publicidad de sus actuaciones.

Un participante más en el debate fue el ex procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, quien opinó que el juicio político contra los jueces es improcedente, debido, sobre todo, al hecho de que, efectivamente, no se aportaron pruebas suficientes para condenar. Otro participante en el debate, el abogado Samuel González, discrepó de la opinión del ex procurador y afirmó que la sentencia de primera instancia fue equivocada y que procede el juicio político en contra de los jueces que la dictaron. El mismo día 20 se pudo escuchar una entrevista realizada por Jorge Fernández Menéndez, en Imagen Informativa, tanto a la señora Miranda de Wallace como a la presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera, quien defendió el sistema acusatorio y pidió que no se juzgara a éste por un solo caso. Recalcó que finalmente el homicida fue sentenciado, y que de haber estado vigente el anterior sistema, jamás se habría enterado la sociedad de lo que sucedió durante el juicio. También manifestó que no es conveniente frenar el avance en la puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que se ha invertido mucho tiempo, sino que habrá que mejorarlo, pues evidentemente tiene fallas. Afirmó que en el caso en cuestión, el MP no presentó pruebas contundentes y que existen contradicciones de los testigos respecto a la forma en que se dio muerte a la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo. Por su parte, la señora Miranda de Wallace, en términos generales, reafirmó lo que dijo en la mañana en la Escuela Libre de Derecho, culpando a los jueces de haber pronunciado una sentencia equivocada, sin tomar en cuenta las pruebas presentada por el Ministerio Público, aunque manifestó estar de acuerdo con María Elena Morera para unir esfuerzos y así tratar de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia.

CONFLICTO DE PODERES
Mientras todo quede en un simple intento del gobernador por impartir justicia y se vuelva a la normalidad, no habría mucho de qué preocuparse; sin embargo, todo parece indicar que va en serio la decisión de enjuiciar a los miembros del tribunal de sentencia, haciéndoles cargar con una culpa que, en el peor de los casos, deben compartir con el MP, la policía, etcétera. Lo que es más, de acuerdo con lo manifestado por los no sólo acusados, sino prácticamente ya sentenciados jueces, el MP no probó en el momento procesal oportuno la culpabilidad del acusado de homicidio, por lo cual, en todo caso, el causante o incluso culpable de la absolución del presunto homicida no fue otro más que el MP. Además, conforme a lo manifestado por los suspendidos, se violó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no correspondiendo conforme a su letra la aplicación de la sanción de suspensión, puesto que actuaron en todo momento conforme a sus atribuciones.

Lo preocupante, concluyo, es que éste sea sólo el inicio de una tendencia que termine efectivamente dando marcha atrás a la reforma penal constitucional de 2008, sin haber dado oportunidad real de poner en marcha el sistema penal acusatorio en cada una de las entidades federativas, el cual, si bien no es perfecto, sí en cambio tiene innegables bondades. Por el momento, baste decir que dos de los principios de este sistema, la publicidad y la inmediación, han permitido que todo mundo haya podido enterarse del desarrollo del juicio, gracias precisamente a los videos que por ley dejan constancia de todas las actuaciones durante las audiencias. En virtud del segundo principio mencionado es que los jueces estuvieron presentes durante todo el desarrollo del juicio. En los estados en los que aún está vigente el sistema procesal en el que en el expediente se consignan las actuaciones de funcionarios subalternos y el juez únicamente firma, y quizás lee parte del expediente sin necesariamente haber llegado siquiera a conocer en persona al acusado, no es posible que los ciudadanos se enteren de las razones y las formas en que se llegó a absolver o condenar a un determinado acusado.

Culpar absolutamente al sistema penal acusatorio de las fallas de algunos miembros del Poder Judicial o de la parte acusadora, sea por negligencia, inexperiencia o falta de preparación, puede ser un grave error que no podemos darnos el lujo de cometer como sociedad. Dada la comprobada corrupción e ineptitud policiaca y de no pocos miembros de los aparatos de procuración de justicia (en caso de duda, favor de consultar los índices de impunidad que padecemos en México), las entidades federativas que se decidan por relajar los estándares de la calidad de la prueba en el proceso penal, antes que nada, habrán de construir más cárceles, a las que seguramente llegará un mayor número de culpables; pero, sobre todo, un muy alto porcentaje de inocentes que no lograron llegarle al precio a los representantes de la corrupción.

Jorge A. Chávez Castillo

El autor es licenciado en Derecho por la UNAM.
Ejerció puestos administrativos y consulares
en el Servicio Exterior Mexicano hasta 2008.
Es especialista en “juicios orales”